Comunidad bloquea vía La Cordialidad, en Atlántico, por servicio de agua potable; Bloqueos de la vía Troncal del Caribe están afectando el turismo en Santa Marta; En Rosas no aguantaron más: bloquean vía por incumplimientos; Encapuchados bloquearon dos vías al sur de Medellín, Metro cambió operación; Habilitan paso por la vía a Buenaventura y sigue la expectativa por acuerdo; Movilidad en Bogotá: bloqueo en la calle 80 por manifestación indígena; Plantón de taxistas en Cali contra plataforma; La dolorosa espera de paciente, recién operada, para transitar hasta Ibagué; Emergencia en Neiva por bloqueo en vía de ingreso al relleno sanitario Los Ángeles.
Los anteriores son apenas una muestra de los titulares de prensa que en el último trimestre del año generaron los indiscriminados bloqueos y paros en toda clase de vías en el país: nacionales, urbanas, departamentales, municipales y hasta barriales. Son más de 150 al mes, desde que comenzó el año, por diversos motivos y distintos protagonistas. No hay día en que no se sepa de parálisis de carreteras ocasionando graves traumatismos a la normal movilidad de las personas, del transporte, con graves efectos para la economía y la actividad productiva del país, además de los sociales.
Y es que en Colombia se volvió costumbre que se proteste por cualquier motivo y que unos pocos se crean tener la autoridad y el derecho de cerrar el paso al desplazamiento diario de la gente. En realidad no es un fenómeno nuevo, pero, desde el estallido social de los años 20 y 21, que impactó la marcha de ciudades, muchas comunidades, sectores sociales y agremiaciones encontraron en las acciones de hecho la manera más expedita de hacerse sentir o escuchar por las autoridades, por el gobierno, en busca de inmediata atención a sus reclamos, que en la mayoría de ocasiones son válidos y justos, producto del abandono estatal, promesas incumplidas o engaños, pero terminan afectando a la mayoría de la población que no tiene velas en el entierro ni cómo dar solución.
Mientras la problemática crece, se palpa una laxitud por parte del gobierno nacional, que no apoya bloqueos, pero sí defiende el derecho a la protesta (que no es absoluto ni ilimitado), y unas autoridades locales que parecen incapaces de controlar la situación y garantizar el derecho constitucional de la libre movilidad ciudadana. No estamos pidiendo sacar a la policía para desalojar toda manifestación, ni criminalizarlas, porque debe primar el diálogo, la concertación, la solución pacífica, pero sí pedimos al gobierno adoptar medidas correctivas, aplicar protocolos y los recursos de ley para evitar más afectaciones públicas.
Ante la grave crisis, tengo la esperanza de que todas las partes comprometidas entiendan que el interés general está por encima del particular y que las vías de Colombia sí tienen responsables y no se conviertan en tierra de nadie.
Esperanza Andrade Serrano