Por tiempo de la columna no había manifestado la alegría por la no aprobación del proyecto de ley que regulaba el consumo de cannabis, marihuana, para uso recreativo en adultos. Como madre y abuela, como millones de mujeres, estoy muy contenta de que se impida legitimar la comercialización en contra del bienestar de muchos colombianos y sus familias.
Se pretendía que el Estado acepta directamente o que determinadas empresas puedan producir, recolectar, distribuir y vender cannabis en un mercado libre. ¿Eso no es incentivar el consumo? Está comprobado en el mundo que legalizar la sustancia aumenta su acceso, especialmente en poblaciones adolescentes y jóvenes, con consecuencias de convivencia y un alto impacto sanitario, social y delincuencial.
Aunque el legislativo actuó correctamente, el gobierno nacional, que busca a toda costa se autorice la regulación, insistirá en tramitar la iniciativa pese al mensaje contundente en contra. Por eso, nuestras alarmas permanecerán encendidas, continuaremos en la lucha por la prohibición, no dar vía libre o facilitar el consumo y su incremento.
No convencen los argumentos sin sentido a favor sobre que los consumidores de cannabis tienen derecho a adquirirlo legalmente en el mercado para arrebatar esa clientela a los traficantes; que es garantizarles la libertad y los derechos fundamentales; que es hora de replantear la guerra contra las drogas. O, qué tal, que los impuestos generados serían fuente de financiación de programas sociales o servirían para reactivar la economía.
No, señores, aquí lo que debemos considerar es que se trata de un problema de salud pública, de abrir un inmenso boquete al consumo abierto, no de beneficios económicos y de nuevos tributos. No se trata de darles el derecho recreativo a unos pocos en contra de la mayoría en comunidades y barrios. ¿Alguien cree en serio que el gobierno o el Estado están preparados para montar juiciosos y costosos programas y proyectos de vigilancia a la venta y consumo regulado? ¿o de salud y educación para los adictos? ¿que será posible crear una estrategia educativa integral en colegios sobre las consecuencias del consumo? ¿que se disminuirá la actividad criminal derivada de las drogas y la sobrepoblación carcelaria? Y es que una de las razones del fracaso del proyecto es que los ministerios y entidades nunca entregaron al Congreso respuestas claras a las dudas sobre el diseño de un eventual mercado regulado de los efectos de la permisividad del uso y abuso de las drogas.
Estoy de acuerdo con descriminalizar al consumidor y abordarlo como paciente; en perseguir a las bandas y expendedores; en desarrollar programas adecuados de salud mental; en educar a la población joven; en la prohibición con campañas y diversos escenarios. Por eso, tengo la esperanza de que el Congreso y el Ejecutivo entiendan que el camino no es legitimar el consumo a costillas de la salud y la vida de los colombianos.
Esperanza Andrade Serrano