Dentro del proyecto de ley del Gobierno que busca la Modernización y la Humanización del Sistema Penitenciario y Carcelario en Colombia hay un punto que no ha recibido suficiente atención de la opinión pública pese a la gran importancia para nuestra sociedad y es la derogatoria del delito de incesto: las relaciones sexuales entre familiares ya no sería agresión.
Iniciativa muy difícil por la dificultad de identificar o comprobar si esta clase de encuentros son consentidos o se dan por presiones y amenazas, que pueden establecerse como abusos sexuales o violación. Hoy, el artículo 237 del Código Penal establece una pena entre un año y cuatro meses y los seis años de prisión para quienes cometan incesto. Es decir, “realicen acceso carnal u otro acto sexual con un ascendiente, un descendiente, adoptante o adoptivo, o con un hermano o hermana”.
Y se argumenta que “cabe preguntarse si el derecho penal es la mejor manera de lograr desincentivar esa práctica y transmitir el mensaje de que ese tipo de comportamientos no gozan con la aceptación social”. “Que no rinde utilidad social ni penal dotar de consecuencias jurídicas esta práctica, sin indicar que esta deba ser aceptada o que es correcta”.
Por el contrario, para mí, la despenalización no es acabar con un tabú ni mucho menos con un reproche social. Este acto es una aberración, un delito condenable. Y es más grave en las clases populares, donde por la condición de pobreza muchas veces los miembros de una misma familia deben compartir una habitación, un baño o la cama, situación que pone a la víctima en condición de indefensión y propicia la relación incestuosa, antinatural.
No es la simple relación entre primos, como se pretende plantear, que por parentesco de sangre muchas veces arroja siniestras consecuencias en los hijos. Piense usted en el caso de la madre de 50 años que hace el acto con el hijo de 25; el abuelo de 70 que se ‘acuesta’ con la nieta de 30 años; el tío de 45 que se relaciona con la sobrina de 16. No es una exageración. La mayoría de las conductas incestuosas queda en la sombra, detrás de las paredes. No se denuncia, no tiene implicaciones al exterior. Solo impacta traumáticamente al afectado, siendo un terrible atentado contra la unidad familiar.
Y es que los principales victimarios del incesto son los padres de las niñas, no lo padrastros como es creencia popular; las niñas son agredidas por más de un miembro de la familia a la vez, muchas veces antes de los 9 años, y, generalmente, durante varios años. Se silencia por temor a amenazas o a la credibilidad de sus declaraciones. Y solamente se revela la agresión cuando la hija aparece embarazada.
No podemos callar, todos debemos actuar, lo peor es no hacer nada. Tengo la esperanza de que habrá entidades del gobierno responsables de cuidar los derechos de los niños, la integridad familiar, que actuarán con justicia para impedir se apruebe esta infame ley.
Esperanza Andrade Serrano