El proyecto de reforma a la salud presentado por el Gobierno tiene muy preocupados a los colombianos y en alerta al país. Ya se comenta que se trata, literalmente, de un debate de vida o muerte. Y lo que más alarma es que pese a que ‘pesos pesados’ del gabinete ministerial, con experiencia y trayectoria, más técnicos que ideológicos, llamaron la atención de los costos financieros y los riesgos que plantea para la estabilidad del sistema, el presidente Petro no cede. El despido del ministro de Educación, Alejandro Gaviria, seis años titular en la cartera de Salud, uno de los quejos, evidencia que hay poca voluntad de escuchar.
Volviendo al documento, atribuido a los ministros Gaviria, de Agricultura, Cecilia López, ex directora del desaparecido Seguro Social; Hacienda, José Antonio Ocampo, zar de las finanzas públicas; y Jorge Iván González, director de Planeación, recoge los reparos para la salud física de los ciudadanos y la ‘salud’ de las finanzas del Estado (cálculos iniciales apuntan a que la implementación costaría $50 billones) en varios temas advertidos desde distintos sectores de la opinión pública, y además insisten se privilegie un modelo mixto de aseguramiento (es decir, no se acaben las EPS y no haya un acaparamiento total del Estado).
No es un clamor aislado de unos altos funcionarios, también es el de diferentes grupos sociales, académicos y políticos, de la propia coalición de gobierno y de afuera, que proponen sus propias contra reformas. Nuestro Partido Conservador ya anticipó que tal como está el texto no lo aprobara porque el propósito debe ser construir, corregir las fallas, no acabar lo que hay. Hay miedo en la gente ante el peligro de perder el derecho a la salud, pues conocen el sistema, saben de sus debilidades, que es necesario corregir, pero también cómo recibir el servicio. Según el Ministerio, el aseguramiento cobija el 99 % de la población.
Este proyecto además de ser inconveniente e inoportuno es absolutamente inconstitucional; si se tiene en cuenta lo establecido en el N°10 del artículo 150 de la C. P., el cual establece que las facultades extraordinarias que pretende obtener el Presidente de la República, mediante esta iniciativa legislativa, no se pude conceder por el Congreso de la República para leyes estatutarias; categoría de ley en la cual se debe tramitar la reforma a la salud; teniendo en cuenta su calidad de derecho fundamental.
Es por ello, que personalmente, estoy con las voces que se oponen al proyecto como está presentado, que debe tramitarse como ley estatutaria para ampliar el tiempo de análisis y discusión profunda, responsable con información veraz y no acomodada. Tengo la fe y esperanza que ajeno a cualquier cálculo electoral, politiquero o ideológico el Congreso saldrá adelante del inmenso reto entendiendo que el borrón y cuenta nueva no es el camino para garantizar la salud de las personas.
Esperanza Andrade Serrano