Muy grave y preocupante la alerta temprana lanzada desde distintos sectores por amenazas y hechos de violencia contra el normal desarrollo del proceso electoral que se cumplirá el 29 de octubre, cuando los colombianos irán a las urnas para escoger democráticamente a sus nuevos gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.
Casi a 6 meses de los comicios e iniciando en firme la campaña proselitista resulta evidente, en algunas regiones más que otras (en el Huila la situación es delicada en algunos municipios), el deterioro del orden público y la inseguridad ciudadana por cuenta de diversos grupos y organizaciones al margen de la ley, especialmente por el incremento de la acción de la guerrilla del Eln, las disidencias de las Farc, bandas criminales y delincuenciales de distinta calaña, carteles nacionales e internacionales del narcotráfico.
La más reciente alerta al país la dio el Registrador Nacional, Alexander Vega, quien, soportado en anuncios de la Defensoría del Pueblo e información de registradores municipales, afirmó que grupos armados ilegales y del tráfico de drogas buscarían incidir en las votaciones territoriales, con consecuencias difíciles de prever para la democracia y la ciudadanía. Y es que el temor es por un constreñimiento al elector, que la gente no pueda votar libremente.
Previamente, los gobernadores habían advertido del peligro y violencia que se estaba posando sobre el escenario electoral y la afectación a la población civil. Por eso, muchos empiezan a asociar lo que está pasando con la situación dramática del año 2002, cuando hubo necesidad de aplazar elecciones en algunos municipios, fueron asesinados candidatos, otros debieron retirarse y, en consecuencia, elegidos mandatarios con pocos sufragios por el miedo de las personas de ir a las urnas. Como ayer, a la democracia, hoy, la estaría doblegando el terror, la extorsión y los fusiles.
Ante está intimidación nos unimos a otras voces para exigir con urgencia a las autoridades bloquear y acabar el avance de los grupos ilegales que atentan contra la paz, la actividad social normal y el derecho ciudadano a votar. No debemos permitir que se manipule unas jornadas que deben ser transparentes y libres.
Pero no sólo debe incrementarse la vigilancia y presencia de nuestras fuerzas militares y de policía, a las que respaldamos con vehemencia, sino también la inversión social del Estado para que estructuras violentas, corruptas, aliadas con clanes políticos siniestros, coaccionen al votante con las armas o prebendas de todo tipo.
Requerimos la intervención de las diversas autoridades que tienen relación con el proceso para garantizar unas elecciones adecuadas, justas, libres, participativas, diáfanas. Tengo la esperanza de que unidos, el Ministerio del Interior, la organización electoral, la fuerza pública, las entidades de control y vigilancia, las veedurías ciudadanas, con una estrategia interinstitucional contundente, impediremos que el siguiente cuatrienio de nuestra historia democrática la dicten los corruptos y violentos.
Esperanza Andrade Serrano