La seguridad es un derecho de todos los colombianos, un bien público. Sin seguridad no hay negocio que crezca ni inversionista que se decida a crear empresa. Sin ella no hay esperanza. Por eso, recuperarla debe ser la principal tarea del nuevo ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, y la prioridad del gobierno para preservar la institucionalidad. Y, claro, que es posible, disponen de unas muy calificadas fuerzas militares y de Policía. Solamente hay que apoyarlas y dejarlas actuar dentro de la Constitución.
Y es que el narcotráfico, la guerrilla y los distintos grupos delincuenciales no nos pueden imponer su ley del mal. La crisis humanitaria y militar en el Catatumbo no es particular. La Defensoríadel Pueblo emitió hace poco una alerta temprana por el riesgo que tienen las comunidades de siete de los 32 departamentos colombianos. Hay 45 municipios en riesgo en Putumayo, Caquetá, Huila, Amazonas, Meta, Guaviare y Cauca, departamento donde fueron masacrados 6 militares y 16 resultaron heridos, el martes. ¡Qué horror!
No sólo representan una amenaza directa para las comunidades locales, como en Norte de Santander, con decenas de miles de desplazados y hechos sangrientos, sino que evidencian el poder criminal y de violencia de los que son capaces, y desnudan las debilidades de una política pública de paz del Ejecutivo que no ha recibido reciprocidad, asunto del que ya hemos alertado en diversos escenarios.
En mi Huila la situación de inseguridad es crítica. También la Defensoría informó de los graves riesgos para la población civil en 20 de los 37 municipios,derivados de la expansión y/o posible confrontación armada entre grupos disidentes de alias ´Calarcá Córdoba´ y los que comanda alias ´Iván Mordisco’.
A la fecha, oficialmente se reporta el reclutamiento por las extintas Farc de 13 menores de edad. Los alcaldes de Tello, Baraya, Villavieja y Colombia, entre otros, están amenazados de muerte. Además, ha aumentado 250 por ciento las extorsiones a ganaderos, empresarios y comerciantes, entre otros. Y cerca de 300 líderes sociales han sido amenazados de muerte. Hace pocos días una se hizo efectiva: Luis Delgadillo, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Ciudad de Barranquilla, de Algeciras, fue baleado cuando llegaba a su residencia. Murió en un centro asistencial.
El sueño de la paz total es propósito de todos, pero, se requiere de acciones contundentes en lo militar y social. Si el Gobierno no actúa con la urgencia y dureza que la situación demanda, estará condenado a repetir los errores del pasado y en ese escenario los únicos perdedores seremos los millones de colombianos que merecemos vivir en tranquilidad, con seguridad e igualdad social.
Nota: En una próxima oportunidad les contaré porqué mi decisión, técnica no política, de cara a los colombianos, de apoyar el archivo de la reforma laboral luego de escuchar a los diferentes actores del sistema.