“El pasado no perdona”, dicen por ahí. La muerte de al menos 15 menores de edad por bombardeos de las Fuerzas Militares contra campamentos de las disidencias de las Farc ha puesto al presidente Gustavo Petro a dar explicaciones y a volver al pasado. Cuando era senador, con militantes del Pacto Histórico, criticaron con dureza estas acciones del gobierno de turno para combatir estructuras criminales. “Cometieron un crimen de guerra. Asesinaron civiles y menores de edad”, vociferaban.
Años después, el ahora mandatario alega que no sabía de la presencia de menores. ¡Qué raro! Su excusa contrasta con la amplia evidencia que el país conoce sobre el reclutamiento de niños y niñas por parte de los insurgentes, especialmente de los que lidera Iván Mordisco. Son cifras soportadas por la Defensoría del Pueblo que muestran que el riesgo que murieran en un bombardeo a este grupo no sólo era previsible, sino de nivel alto.
La lección para Petro y sus aliados, que tienen doble moral y un discurso de acuerdo a su conveniencia, eso debe quedar claro al país, y tal como ha sucedido en otros escenarios, donde han fracasado o tienen la tarea pendiente, es que hay una distancia muy grande entre la comodidad de la oposición, criticar al calor de la campaña y gobernar, construir para dar resultados.
Lo triste es que es una tragedia que, pese a que nos conmueve, se sigue repitiendo. Es real la crueldad del reclutamiento forzado. Los niños y niñas fallecidos son víctimas de un crimen de guerra. Su instrumentalización como escudos humanos es una práctica sistemática de los grupos armados ilegales. Son casi un activo estratégico en el conflicto armado para los grupos criminales y terroristas.
Y es que según advierte la Defensoría, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 un total de 409 niñas, niños y adolescentes fueron víctimas del reclutamiento forzado, siendo dotados de fusil o utilizados para cometer delitos, cuando deberían estar estudiando, jugando y compartiendo en familia. ¡Qué cobardía y vileza!
Tras lo sucedido y sabido que es arma estratégica de los malvados, se debe actuar con base al Derecho Internacional Humanitario. Asumir todas las medidas para que no se repita algo similar, sin que signifique despojar al Estado de la capacidad del ataque aéreo, herramienta importante para proteger a la población y a las tropas. Renunciar, además, conlleva el mal mensaje que reclutar menores puede ser garantía de blindaje ante nuevos operativos.
El paso es fortalecer la inteligencia, extremar precauciones y mejorar los protocolos para evitar el sacrificio de menores. Perfeccionar los métodos de defensa, de inteligencia y ataque sin abandonar acciones legítimas del Estado.
Tengo la esperanza que el año entrante elegiremos un mandatario que verdaderamente ponga en primer plano los valores humanos, priorice la vida y los derechos de los niños, garantice el orden, vele por la justicia y respete plenamente la institucionalidad.