El Decreto 2422 del 09 de diciembre de este año creó la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, encargada de ejecutar la facultad presidencial, otorgada en el artículo 5 de la Ley 2272 del 2022, de permitir recomendar la admisión o exclusión como voceros de paz a ciudadanos(as) privadas de la libertad pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias, que se encuentren en el marco de dicha Ley.
El Decreto suscita reparos jurídicos sobre su legalidad. En mi caso particular, como abogada, comparto las preocupaciones de la academia, la justicia y columnistas reconocidos que se han expresado sobre su inconveniencia. No estamos en contra de la llamada paz total del presidente Petro, ni de buscar las herramientas necesarias que permite la Constitución y la ley para conseguir el propósito, empero, lo primero sería preguntarse si la llamada Primera Línea es una organización social o humanitaria. ¿Se puede suspender la privación de la libertad, que está sometida a un procedimiento legal, por un Decreto presidencial? Sin duda, nos encontramos ante una extralimitación del poder ejecutivo sobre el poder judicial. ¿Ser gestor de paz es un empleo, o una función? ¿Qué pueden o no hacer los gestores de paz? ¿Hasta dónde pueden llegar?
En el estatuto de la paz total, parágrafo 2 artículo 5, solamente consagra la suspensión de las ordenes de captura a favor de los voceros de los grupos armados organizados al margen de la ley (guerrilla) y de las estructuras armadas organizadas de alto impacto (narcos) una vez iniciado un proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos con el fin de facilitar el desarrollo de los mismos. La Ley 2022 dispone que son las autoridades judiciales las llamadas a otorgar el beneficio, nunca el gobierno.
De la suspensión de órdenes de captura se ha ocupado la Corte Constitucional, que ha interpretado que la suspensión, en medio de procesos de paz, constituye “una medida procesal penal de manera accesoria” (Sentencia C-007, 070,080 de 2018).
Así las cosas, no podemos compartir propuestas que sacrifiquen el orden institucional, el estado de derecho, ni la intromisión del poder ejecutivo al poder judicial. Hay que garantizar la separación de las tres ramas de los poderes públicos, ejecutivos, legislativos y judiciales, para que exista una verdadera democracia.
La Constitución Política de Colombia, en su artículo 4, establece que los Jueces no estarán obligados a cumplir con el decreto, acudiendo a la excepción de inconstitucionalidad. Tengo la esperanza de que en navidad no se desconozca la justicia, la facultad de decidir la libertad de un detenido o un condenado, pues esta facultad la tiene solo un juez de la República. Que la emotividad de la época de villancicos y natilla no nos lleve a la usurpación de poderes. Felices pascuas y prosperidad en el año 2023 para todos.
Esperanza Andrade