Con vehemencia participamos en el debate en Senado sobre las denuncias de vínculos de alias Calarcá, comandante de las disidencias de las Farc, con mandos de la Fuerza Pública, funcionarios del Gobierno Nacional y organismos de seguridad. Hablé como no sólo como senadora, sino como colombiana e hija de un país que está sufriendo. No estamos ante fallas administrativas ni tropiezos institucionales: estamos durmiendo con el enemigo.
Lo que enfrenta Colombia no es una dificultad operativa. Estamos ante una vulneración crítica del sistema de inteligencia y contrainteligencia, la estructura más sensible y sagrada de la seguridad nacional. Es la infiltración de grupos armados organizados en órganos del Estado, una penetración criminal que habría sido impensable hace unos años.
Los grupos armados avanzan, se consolidan, siembran miedo, desplazan familias y reclutan niños, y el Gobierno guarda un silencio que duele y que se siente como complicidad. Lo más devastador no son sólo las cifras, sino las vidas detrás de ellas. El niño al que no dejaron llegar a la escuela porque el grupo armado “estaba haciendo control”. La madre huilense que huyó con tres mudas de ropa porque los ilegales decretaron toque de queda. El soldado que me confesó, con la voz quebrada, que siente que lo mandan al terreno sin inteligencia, sin respaldo y sin voz. Mientras, el Estado mira para otro lado.
Las cifras están ahí, publicadas por fuentes verificables e independientes: El estudio citado por Swissinfo y la Fundación Ideas para la Paz, que documenta el crecimiento de los grupos armados organizados. El Clan del Golfo incrementó su capacidad en número y expansión territorial. Hubo 115 ataques con drones explosivos en Colombia durante 2024, demostrando un salto tecnológico de enorme riesgo para la seguridad nacional. Y la alerta del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que advierte que 2025 podría convertirse en el peor año humanitario en décadas.
Los criminales crecen, se fortalecen y se adaptan, mientras el Estado retrocede. El desgaste operativo militar, recortes de inteligencia y ausencia de respaldo político.
Este Congreso envió un cuestionario riguroso al Ministerio de la Defensa, esperando respuestas técnicas y verificables. Pero, lo recibido evidencia inconsistencias graves, vacíos inaceptables y una alarmante falta de transparencia. No hay claridad sobre cuántos funcionarios están comprometidos, qué rutas usaron para infiltrarse o qué protocolos activó el Gobierno para contener la fuga de información clasificada. Todo indica un déficit estructural de supervisión, reiterado y advertido, pero, ignorado por este Gobierno.
Exigimos: reingeniería integral del sistema de inteligencia y contrainteligencia, con depuración inmediata del personal y certificación periódica de confiabilidad. Un informe técnico conjunto de Mindefensa, DNI y UNP con brechas, responsables y planes de mitigación. Acciones disciplinarias y judiciales para evitar que la impunidad se convierta en política pública. Auditorías independientes que garanticen el cumplimiento estricto de la Ley 1621.
El pueblo está sufriendo. El Estado no está. Y el silencio del Gobierno es imperdonable. Nos estamos quedando hasta sin esperanza.