Casi un año después de realizada la consulta anticorrupción que generó tanta esperanza entre los colombianos, el balance del trámite de las propuestas en el Congreso era bastante pobre. Por eso, hoy celebramos, como coordinadora y ponente, la aprobación en séptimo debate, en Comisión Primera de Senado, del proyecto para combatir la corrupción.
Aprobamos la eliminación de subrogados penales para quienes cometan delitos dolosos contra la administración pública, su patrimonio y delitos contra la recta y eficaz administración de justicia, así como la cesión unilateral administrativa del contrato por actos de corrupción”. Eso significa no más corruptos contratando; no más beneficios penales para corruptos; no más casa por cárcel para quienes atenten contra el patrimonio público y contra la administración de justicia; no más profesionales sin transparencia ni ética contratando; y viabilidad a la sesión de contratos en manos de corruptos.
Aprobamos inhabilidades para contratar con el Estado, de forma permanente, a las personas jurídicas y naturales condenadas por delitos de corrupción. Además, las inhabilidades e incompatibilidades se aplicarán también en procesos de contratación privada, siempre y cuando comprometan recursos públicos.
Aprobamos crear un nuevo artículo en la Ley 80 de 1993 que impone la obligación a las entidades que hayan cedido el contrato, de manera unilateral por temas de corrupción e inhabilidades, a compulsar copias de lo sucedido a los diferentes organismos de control del orden nacional.
Se aprobó que las personas que incurran en delitos dolosos contra la administración pública, contra la eficaz y recta impartición de justicia, no recibirán beneficios como la prisión domiciliaria o casa por cárcel, con el propósito de endurecer las penas, prevenir y combatir de manera más eficaz la corrupción.
También, en lo que respecta a delitos penales, en adelante, los jueces de la República deberán imponer como sanción, además de la pena de prisión correspondiente, una inhabilidad para el ejercicio de la profesión a las personas condenadas por delitos en lo que se hayan valido o aprovechado de sus conocimientos en el arte, oficio o profesión que desarrollan.
Finalmente, destaco la aprobación de una cláusula o potestad, que queda en cabeza de la administración, que permite que cuando se sancione administrativamente a un contratista por actos de corrupción, la entidad estatal correspondiente pueda ceder el contrato de manera unilateral.
Y como sanción se aprobó también la posibilidad de hacer exigible la cláusula penal económica una vez se haya ejecutoriado la sentencia judicial que condena la comisión de delitos de corrupción.
Lo anterior muestra un mensaje positivo y resultados del Congreso, de los distintos sectores políticos, del presidente Duque, al país. Y reafirma nuestro compromiso de lucha sincera contra la corrupción. Estamos cumpliendo a los colombianos con Esperanza.