La escalada de feminicidios en el país encendió nuevamente las alarmas sobre estos horribles crímenes. Stefanny Barranco, Leidy Daniela Moreno, Natalia Vásquez Amaya, para citar solamente unos nombres, son los rostros más conocidos de los 91 homicidios de mujeres ocurridos en lo corrido del año, según la Procuraduría General. Es decir, 18 víctimas por mes, 4 a la semana, muertas por problemas relacionados con la vida familiar a manos de parejas o exparejas, siendo las armas blancas las más usadas.
Pero, el escenario es peor. Desde 2023 hasta le fecha han ocurrido más de 40 mil casos de maltrato o agresión a mujeres; 205 perdieron la vida y 725 niños quedaron huérfanos. Y no en zonas de conflicto armado, sino en ciudades. Lo más grave es que sólo 27 procesos terminaron en condena. El 70 % de esos casos se quedan en etapas que son de investigación, no llegan a juicio. Sólo el 20 %, aproximadamente, llega a juicio, y el 5 %, a un cumplimiento efectivo de la pena privativa de la libertad. Los agresores sienten que no hay consecuencias y las víctimas, que no son reparadas y no confían en la justicia, dice Mariana Ardila, directora de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia.
En muchas oportunidades las denuncias de las mujeres amenazadas, violentadas o en evidente riesgo de feminicidio han sido desatendidas, obviadas, ignoradas, postergadas e incluso, explícitamente, rechazadas. En recientes casos en Bogotá se probó que la víctima había avisado a la administración distrital que su vida estaba en riesgo. Qué tristeza. Y es que en el pasado y hoy la sociedad patriarcal asume como inferiores, prescindibles y descartables las vidas de las mujeres con respecto a las de los hombres.
Esta valoración diferenciada explica por qué ante el asesinato de los hombres se buscan culpables y justicia, pero, en el de las mujeres se buscan justificaciones. El feminicidio es entonces una consecuencia de la subvaloración social de la mujer; por ello, mientras que esta concepción no sea superada este delito no podrá ser erradicado, apenas sería sancionado.
Esta desprotección de violencia por razones de la condición de género y en la mayoría de los casos por tener o haber tenido una relación sentimental con el agresor es más profunda después de cometido el crimen. Ni tras la consumación de lo que se pudo evitar existen garantías en la obtención de justicia, situación que contribuye a naturalizar y permitir nuevos asesinatos sexistas y misóginos.
Ante tan cruda y dolorosa realidad machista, ¿cuál es la responsabilidad de los funcionarios públicos que evidentemente han desatendido el grito de auxilio de las mujeres que hoy yacen en una tumba y son lloradas y extrañadas por sus hijos y familiares? Ruego a Dios, con esperanza, que un pronto día haya verdadera justicia y se acabe el desprecio por la vida de las mujeres.
Esperanza Andrade Serrano