El próximo 16 de marzo inicia un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, con la obligación de senadores y representantes, junto con el Gobierno, de tramitar los grandes proyectos y reformas que reclama el país. En ese propósito, el presidente Duque ha venido construyendo acuerdos que le permitan tener la fuerza política y legislativa necesaria para sacar adelante la agenda.
Nuestro Partido Conservador, como bancada de gobierno, con sus derechos y obligaciones, seguirá apoyando las iniciativas sintonizadas con las insuficiencias y exigencias de la gente, a la vez que ejercerá control de aquellas que resulten inconvenientes o contraproducentes. Vamos a legislar de cara a la ciudadanía, favoreciendo a la familia, a los trabajadores y a los más vulnerables.
Son varias las tareas pendientes, en las que en general y personalmente hemos venido trabajando. Como la importante reforma a la justicia, a la que desde hace rato hemos estado alimentando con propuestas y foros regionales para hacerla más expedida, cercana y oportuna, eficiente en la administración y descongestione el sistema.
Las reformas a la salud y la electoral, que brinde transparencia y garantías en el ejercicio a todas las personas. Las laboral y pensional, que generan gran preocupación y dudas en la opinión pública, en medio de delicadas turbulencias sociales, y controversia al interior del Congreso. Vale recordar que hemos anticipado que no permitiremos se afecte los ingresos de los asalariados ni los derechos de los pensionados. Y todos los proyectos anticorrupción, a los que urge terminar la aprobación.
Y, por supuesto, tenemos nuestro propio libreto, que contempla importantes proyectos de ley y sendos debates de control político. El que busca prohibir el aborto, modificando cuatro artículos del Código Civil: “La vida existe desde que hay concepción y no desde que se nace”. Volveremos a presentar el Pacto Arbitral, que agiliza los procesos ejecutivos a través de las Cámaras de Comercio, como mecanismo alternativo de solución de conflictos y descongestión de los juzgados.
Y dos iniciativas sobre las cuales hay vacíos legales. La limitación a la potestad que hoy tiene la Procuraduría General de desvincular del cargo a funcionarios públicos. La modificación es que no sea aplicable a los funcionarios electos por voto popular. Y propondremos regular todo lo que tiene que ver con los requisitos para el acceso a la carrera administrativa.
En resumen, a pesar de la polarización y confrontación natural política, de ideas y opiniones que hay en el Senado, nuestro compromiso es ocuparnos de avanzar en los asuntos de relevancia de las comunidades. Vamos a regresarles la esperanza, a cerrar las brechas sociales que hoy nos separan, aprovechando que este no es un año electoral.
Esperanza Andrade
Senadora de la República