“Me invitaron a un parque a jugar y me dieron un helado. Después, un tipo se acercó, ganó mi amistad y dijo que me cuidaría. Me fue dando regalos, a la vez que me presentaba otros hombres, hasta que uno me tomó del brazo, me convenció y llevó a una pieza. Me violó y así empezó mi infierno de mucho tiempo, dolor y tristeza”.
El drama de Susana, hoy de 22 años, es el mismo que se repite en miles de niños, niñas y adolescentes, situando a Colombia en los primeros lugares de explotación sexual de menores a nivel mundial. En el país, cada 22 minutos se registra un caso de abuso contra uno de ellos. En 2018, el 87,7 % de estos delitos se cometió contra niños y adolescentes. En total, sumaron 13.200 en la primera mitad de ese año.
Por hechos como el contado y atendiendo que la explotación sexual comercial es uno de los flagelos sociales que progresivamente amenaza las garantías de seguridad sexual de nuestros niños y niñas, que son el futuro de la Patria y quienes deben recibir especial protección por el Estado, en la pasada Legislatura dimos ponencia favorable para segundo debate al proyecto de ley que procura contrarrestar ese tipo de explotación.
De autoría nuestra, compartida con las senadoras Nadia Blel, Nora García y Myriam Paredes, con la representante Liliana Benavides, la iniciativa busca reducir el profundo nivel de desprotección de los niños y la creciente demanda sexual proveniente del eufemismo conocido como turismo sexual, fenómeno que es realmente una empresa criminal de esclavitud, que amenaza integrar cada vez a más niñas, niños y jóvenes bajo esta práctica que anula y suprime el núcleo esencial de su dignidad humana.
En la práctica, el objetivo es endurecer los castigos, en penas y multas, a los abusadores y cómplices. Por ejemplo, quien con ánimo de lucro para sí o para un tercero organice, facilite, promocione o participe de cualquier forma en el comercio carnal o la explotación sexual de una persona menor de 18 años incurrirá en prisión 18 a 30 años. Quien estimule a la prostitución de menores recibirá cárcel desde 14 a 26 años. Y aumentará si el responsable es integrante de la familia de la víctima. Vale destacar que el consentimiento del abusado menor de 18 años no constituirá causal de exoneración de la responsabilidad penal.
Aunque el nivel de denuncia se ha incrementado en el país, las autoridades estiman que todavía hay un porcentaje elevado de casos que no son conocidos. Por eso, todos, Bienestar Familiar, la Fiscalía, la Procuraduría y organismos no gubernamentales, debemos unir esfuerzos para intentar identificar a tiempo las amenazas y los factores de riesgo que los asechan, y alentar las acusaciones para darles a nuestros menores esperanza, paz y tranquilidad y frenar los abusos.
Esperanza Andrade
Senadora de la República
*Columna publicada en el diario La Nación