Primero, expreso solidaridad a las familias de los compatriotas víctimas del Covid-19, y manifiesto una vez más agradecimiento a los héroes que luchan para el sostenimiento de la sociedad en la pandemia.
Y segundo, nos aterra los fenómenos criminales en escalada en el país. Se trate de asesinatos grupales, masacres o matanzas, como las quieran denominar, las muertes y barbarie que están azotando distintas zonas del territorio no puede continuar. Es preocupante el deterioro del orden público, cualesquiera sean las razones, con las consecuencias de no poder consolidar la paz nacional que anhelamos todos. Por eso, exigimos acciones concretas para detener el baño de sangre, venga de donde venga.
Aunque los hechos recientes han prendido las alarmas sobre Valle, Cauca, Nariño, Antioquia, Norte de Santander, no se puede olvidar lo que pasa en otras regiones como el Huila, Chocó, Córdoba, Arauca, Magdalena, Tolima y Putumayo, que tienen dinámicas similares. Las cifras no mienten: en lo corrido del año, fueron reportadas 46 masacres (casi 6 diarias), según Indepaz, en las que murieron 185 personas, con familia, madres, esposas e hijos.
No son hechos aislados, responden a problemáticas sociales y económicas aumentadas por el narcotráfico, cultivos y minería ilegal, disidencias y grupos armados, las cuales demandan mano firme del Gobierno y de las autoridades correspondientes, con respuesta militar y la presencia de la Fiscalía y la Procuraduría.
Pero también es obligatorio y prioritario responder con recursos a las desigualdades sociales, a la pobreza, a las históricas promesas incumplidas del Estado, con una ambiciosa estrategia que contemple la ejecución inmediata de planes y proyectos que salven vidas, preserven la convivencia pacífica y paren los crímenes. Pero, principalmente, brindar opciones a los jóvenes, que hoy están sin empleo, posibilidades y desesperanzados, y siguen poniendo los muertos.
Entendemos que atender la emergencia sanitaria y la reactivación económica es apremiante, pero no puede distraernos de la obligación del país de proteger a la población más vulnerable, ofrecer seguridad a todos los ciudadanos y darles a todos progreso y desarrollo.
No podemos estacionarnos en lamentar cada día una nueva matanza, con las mismas preguntas. ¿A quiénes conviene?; ¿De quién es la responsabilidad? ¿Qué hacen los gobiernos central y local para evitarlas o dar con los autores? El desafío es inmenso con la necesidad de enfrentarlo de manera integral.
La Presidencia, alcaldías, gobernaciones, Fiscalía, Fuerza Pública, líderes sociales, dirigentes comunitarios, autoridades locales, partidos políticos y el Congreso debemos unirnos con firmeza en torno a planes y propuestas claras de futuro, que brinden una luz de esperanza y confianza a los colombianos en tiempos de oscuridad y dolor.
Esperanza Andrade
Senadora Partido Conservador