Hasta hace unos meses, cuando visitaba las regiones del país, al preguntar a la población sobre sus problemas más urgentes de solución la respuesta variaba entre desempleo, vivienda, oportunidades, servicios públicos y drogadicción en la juventud. Hoy, se repite la misma: el grave deterioro de la seguridad en el campo, con el recrudecimiento de delitos como homicidios, robo, extorsión, vacunas, asaltos y quema de carros en vías, y secuestro (un aumento de alrededor del 70 por ciento entre 2022 y 2023). Y en las áreas urbanas, con creciente presencia de delincuencia común y bandas organizadas que tienen acorralada a la ciudadanía y a las autoridades con hurtos callejeros, de vehículos, celulares, fleteos, microtráfico, extorsión y homicidios.
El panorama es grave y tiene encendidas las alarmas, no podemos volver al pasado, retroceder 20 años, cuando la actividad guerrillera, paramilitares, narcotráfico y grupos criminales mandaban con impunidad. Estamos sufriendo un escenario que creíamos superado.
Por eso, este año la prioridad del gobierno nacional debe ser devolver la seguridad, de la mano con las administraciones locales. Darle tranquilidad y confianza a la comunidad por encima de divergencias ideológicas. No más atizar discursos de lucha de clases y contra el empresariado. La obligación es priorizar resultados. Sin seguridad no hay nada que hacer. No hay inversión, no hay turismo, no hay reactivación económica, no hay confianza ni optimismo, no hay orden. ¡No hay nada!
Es hora de tener una hoja de ruta clara de la ‘paz total’; de acabar las confusiones y vacíos que han permitido a los criminales empoderarse y a la fuerza pública disminuir su accionar; de exigir condiciones a los grupos armados para continuar con las negociaciones y saquen a la población civil del conflicto; de escuchar a los expertos en la materia. No más improvisaciones ni ensayos. Lo que está ocurriendo en Ecuador, la combinación de delincuencia, narcotráfico y carteles internacionales, nos debe servir de ejemplo para no dejar destruir el país, mientras nos sumergimos en el caos y el terror.
Igual en las áreas urbanas. Aunque está previsto para este año el ingreso de 20 mil policiales y 16 mil soldados profesionales, los mandatarios urgen más personal. Se debe pasar de los planes generales a acciones específicas y concretas, como permanentes retenes en las calles y persecución de la delincuencia. ‘Batidas’ o tomas de barrios en busca de los maleantes. Mayor estrategia, investigación e infiltración de las bandas. Equipamiento y recursos tecnológicos más eficaces. Coordinar acciones con las fuerzas militares donde amerite. Combatir y castigar la reincidencia delictiva. Promover el pago de recompensas a los delatores y motivar la colaboración ciudadana, así como definir mecanismos que eviten que los capturados en flagrancia regresen a las calles en poco tiempo.
Estamos convencidos de que la inversión social y la paz son el rumbo correcto, pero, las autoridades tienen que tener todo a disposición para cumplir con la Constitución, es su obligación preservar la seguridad de los colombianos en todo lugar. Así, habrá esperanza.
Esperanza Andrade Serrano