Esperanza Andrade – Senadora de la República

REUNIÓN CIDH – CONSECUENCIAS DEL PARO NACIONAL

Buenos días.

En primer lugar, agradecemos su presencia aquí, en nuestro país y, celebramos el apoyo que puedan para escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares, para recibir testimonios y denuncias de quienes han sido vulnerados en medio de esta situación.

En nombre de nuestro Partido Conservador, el Partido de la autoridad, del orden, de la legalidad, con respeto, pero también con firmeza, debemos lamentar las consecuencias generadas con esta situación y con el actual estallido social, que hace más de 41 días que se inició como una protesta pacífica, consagrada y autorizada por nuestra Constitución Política, como es, el derecho a la manifestación pacífica, respetuosa de las autoridades y de los derechos y bienes de los conciudadanos, pero que con el paso del tiempo y por culpa de unos algunos violentos, ha venido afectando a todos los colombianos sin distingo social, a empresarios y comerciantes, pero en especial a los compatriotas más pobres en los rincones más alejados de nuestra patria.

Por eso, reitero la pertinencia y oportunidad de que ustedes, funcionarios de la corte interamericana de derechos humanos vengan a Colombia a investigar lo que se hemos visto en videos, pronunciamientos y testimonios, sobre excesos de la fuerza pública, pero también es necesario investigar a fondo los hechos vandálicos  que han destruido el país y que tienen a muchas empresas hoy al borde de la quiebra, pérdidas económicas que ascienden a la suma de 15 billones de pesos, sin contar con las pérdidas humanas, como el caso de la bebe recién nacida que murió en una ambulancia porque no la dejaron pasar y llegar a un centro médico para ser atendida.

Estamos de acuerdo con las expresiones de protesta pacífica y legítima, hay que escucharlas, apoyarlas y tratarlas con todo el respeto, pero también estamos enfrentando el ataque organizado y sistemático de todo tipo de grupos al margen de la ley.

Por eso es de suma importancia que el mundo conozca que la fuerza pública también ha sido objeto de violencia, vandalismo, intento de homicidio y violación a mujeres patrulleras. Así mismo, durante este paro nacional tres policías han sido asesinados.

Tenemos que tener claro que estos hechos de violencia y actos vandálicos no han sido generados por el Estado, por el Contrario, el Gobierno Nacional, a través de los ministerios de Defensa y del Interior, y por consiguiente a través de la fuerza pública, ha procurado mantener el estado de derecho, neutralizar las amenazas a que está siendo objeto la Ciudadanía, contrarrestar los centenares de ataques violentos a que se ha visto sometida, no solamente ellos como fuerza pública, sino que están haciendo su máximo esfuerzo para defender la vida y honra de todos los colombianos.

Yo me pregunto: ¿En qué hubiera terminado los actos vandálicos iniciados por los violentos con intenciones oscuras, si el Estado no interviene?

Los violentos no han podido afectar más al ciudadano del común, gracias al actuar de nuestra fuerza pública. Su ausencia hubiera sido nefasta  para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Es importante anotar que el Gobierno, el Presidente de la República y el ministro de Defensa son los responsables del orden público, eso es indelegable.

Es lamentable ver que estas son las consecuencias, de una protesta que ha girado paulatinamente, y que en su esencia ha tenido variaciones durante las últimas semanas. Inició con un objeto claro y contundente, oponerse a la reforma tributaria; sin embargo, hoy responde a otros intereses, hasta tal punto que 41 días después de haberse iniciado el paro, se han unido una gran cantidad de solicitudes, reclamos e intereses, exigiendo de esta problemática un enfoque diferencial; es decir, no podemos tratar por igual a todos los que están participando en las protestas, tampoco podemos generalizar el abuso de la fuerza por parte de los agentes de la policía, porque estaríamos cometiendo un gran error.

Debemos entender cada caso en particular: no son los mismos quienes participan en las marchas pacíficas durante el día y los que vandalizan las ciudades que se mezclan entre los manifestantes legales, aprovechando la penumbra de la noche…No es lo mismo un plan de contención liderado por la institución de la policía, que un policía que dispara a la gente o que permite que los civiles lo hagan. Ahí se debe actuar de manera diferencial. Entender esto es lo que evita que caigamos en un error histórico.

Pero eso, lo que no podemos hacer es condenar al Estado por hechos aislados que han sucedido en el medio de esta explosión social, y lo que sí debemos reconocer es que el gobierno y nuestra fuerza pública están haciendo lo correcto para preservar la institucionalidad.

Tenemos que renovar y reafirmar la confianza en nuestras instituciones y en nuestra democracia.

De otra parte, es innegable reconocer que esta situación ha acrecentado y agravado la crisis sanitaria existente en nuestro país, las cifras de contagio por el Covid-19 que se están registrando hoy en día son escandalosas y rebosan la posibilidad de atención de nuestro sistema de salud. Los contagios y las muertes diarias estar rebosadas, toda vez que, Colombia se encuentra en su tercer pico con números bastante altos, que están provocando la alerta roja en todo el país. Hasta hoy hay confirmados 3 millones 611 mil 602 casos; y hasta el momento se registran 92.923 fallecidos.

Estas cifras y la alerta roja en toda Colombia, considerando que no se encuentran camas UCI disponibles, debería ser suficiente para no realizar manifestaciones o actos donde miles de personas están juntas sin ninguna clase de medidas.

Se podría considerar que la necesidad de protesta como derecho, debería pasar a un segundo plano ante la necesidad de disminuir la velocidad de la propagación de la enfermedad.

Esperamos que su estadía en nuestro país sirva para esclarecer todos y cada uno de los casos de violación de derechos humanos registrados durante estas protestas, sin excepción, y que sean castigados severamente, tal como lo ordena la ley.

DATOS Y CIFRAS DEL PARO NACIONAL

(Relacionados con Derechos Humanos)

● Datos Generales

     6.511 concentraciones

     2.325 Marchas

     3.282 Bloqueos

        638 Movilizaciones

● Afectación a población civil

– 18 fallecidos relacionados con la protesta

–  9 Fallecidos en proceso de verificación

– 19 fallecidos no guardan nexos con la protesta

– 1.108 civiles han resultado lesionados.

● Violencia de. Género: Se registran 9 casos relacionados con violencia de género en el marco de las protestas, entre estos a una patrullera de la policía.

● Afectaciones a la Policía

– 3 uniformados fallecidos

– 1.283 uniformados lesionados, entre ellos 60 mujeres

● Investigaciones a uniformados

– Se han abierto 180 investigaciones disciplinarias a miembros de la Policía Nal.

– Se han abierto 34 investigaciones por parte de la Justicia Penal Militar

● Reporte de búsqueda de personas:

– 308 personas ubicadas

– 111 en activación de búsqueda urgente

– 3 denuncias por presunta desaparición forzada.

● Un millón 300 mil empleos de mujeres están a punto de perderse definitivamente.

● 90.833 emprendimiento de mujeres han cerrado temporalmente y 51.936 cerraron definitivamente

Esperanza Andrade Serrano
Senadora de la República y vocera del Partido Conservador