Esperanza Andrade – Senadora de la República

La carretera de Cuarta Generación (4G) Neiva-Mocoa-Santana la contrató el anterior Gobierno Nacional en 2015 por un valor inicial de $2.969 millones (precios de 2013) para entregarla al sur de Colombia y al país en 2019. Hoy, el estado de obra es de apenas el 2.2 por ciento y el costo ha crecido a $3.874 millones al año 2019, lo que representa un detrimento patrimonial a las finanzas del Estado.

Cinco años después de la firma de la concesión el futuro de la vía sigue en la incertidumbre, tras una cadena de desaciertos, pobre planeación, malas decisiones e irregularidades de muchas partes y responsables. Mientras, los anuncios prometiendo la cesión a un nuevo contratista y que las obras reiniciarán nada que se cumplen, con las consecuencias de movilidad, económicas, sociales, de competitividad, progreso y desarrollo de miles, millones, de colombianos afectados. 

Por eso, en mi condición de senadora de la república, cuyo uno de los deberes es defender los intereses de nuestros ciudadanos y sus regiones, hemos convocado un debate en la plenaria para que el Ejecutivo tome las medidas correctivas efectivas de fondo que sean necesarias para llegar a la meta; y funcionarios nacionales informen y expliquen los avances y resultados de su gestión correspondiente al desarrollo del proyecto.

Citamos a la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, al director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez; e invitamos al Contralor General, Carlos Felipe Córdoba, y a la Procuradora General, Margarita Cabello, para que expongan su posición respecto al delicado y preocupante tema.

Queremos respuestas a interrogantes como por qué no se ha cumplido ceder el contrato de concesión a un tercero como lo informó el presidente Duque a finales de 2019 en Pitalito; o por qué no se decretó la caducidad, después de más de 6 años de la firma de inicio a pesar de los incumplimientos del contratista Aliadas. No se tomaron medidas a tiempo pese a las protestas y reclamos que hicimos con dirigentes huilenses para que se metiera el acelerador a la solución del proyecto o se alternara una nueva licitación, aunque es la menos deseable porque se podrían liberar los recursos asignados y quién garantizaría que no se desviarán a otra obra del Gobierno.  

También hay que revisar la instalación de 4 nuevas casetas de peaje en la carretera, en doble sentido, con la grave afectación para el turismo, la economía, la producción y los vecinos. Sería terrible. Busquemos opciones, armonicemos salidas.  

Con fe y esperanza realizaremos el control político para establecer claramente si la agenda de ruta trazada por el Gobierno, con un plazo que se vence el 31 de marzo, destraba de una vez por todas la obra y no se convierta en una nueva desilusión para el sur del país, tan abandonado por el Estado colombiano.

Esperanza Andrade Serrano
Senadora de la República y vocera del Partido Conservador