Esperanza Andrade – Senadora de la República

Nuevamente expreso solidaridad a las familias de los compatriotas afectados por el Covid-19 y agradecimiento a los héroes que siguen en primera línea de batalla contra el virus y garantizan que nuestras vidas continúen dentro de la normalidad, en lo posible.

El pasado lunes, después de mucha desinformación, especulaciones y comentarios oportunistas, las comisiones de Cámara y Senado, conciliadoras del texto que regla la reforma del Sistema de Regalías, acordaron eliminar el polémico artículo 210, decisión que me deja conforme para evitar más desconfianzas y recelos injustos.

Que se originaron porque algunos congresistas dijeron de manera populista que tenía la intención oculta de autorizar el fracking (método de extracción de gas y petróleo) en Colombia. No es cierto. El trámite de la ley no tenía relación con legalizar ésta práctica o imponerla. El objetivo era aumentar de 60 al 100% las regalías por explotación de yacimientos no convencionales. Así, se mejoraría los ingresos y la calidad de vida de las comunidades donde se adelantan estos proyectos, autorizados en el Plan Nacional de Desarrollo.

Pero, ajeno a mezquinos intereses políticos, la reforma cumple el noble propósito de aumentar los recursos para más de mil municipios pobres, que pasan de recibir 11 al 15% de la bolsa, para atender necesidades básicas insatisfechas. Y las asignaciones directas para los territorios productores suben del 11.7 al 25% del presupuesto.  Y conservamos la inversión regional en beneficio de todos los departamentos y poblaciones del país. 

El 34 % de los recursos alimentará proyectos regionales; 5 % para la lucha contra la deforestación; 1% para medioambiente, por primera vez en la historia; 7 para la paz y 10 para ciencia y tecnología. Y creamos un capítulo especial (Reactivación Económica) para las vías terciarias, educación, conectividad, salud, saneamiento básico y las energías en fuentes no convencionales. Y un porcentaje no inferior al 5% de las asignaciones directas de los territorios con instituciones de educación superior públicas serán para infraestructura y proyectos que mejoren cobertura, permanencia y calidad educativa.

Municipios y departamentos productores recuperan la autonomía que habían perdido. Eliminamos 1.152 Ocad que entrababan procesos y demandaban gastos de funcionamiento (bajan del 5 al 3%) y trámites, que no se cumplían, e incluimos otros cambios favorables de transparencia y planeación para prevenir despilfarros. 

En fin, una reorganización de las regalías, más justas, equitativas y descentralizadas, serán claves para responder a la post pandemia, dando esperanza a millones de colombianos que hoy claman por oportunidades, empleo y justicia social.

Esperanza Andrade
Senadora Partido Conservador